Actualmente hay 69.181 personas encarceladas en los distintos centros penitenciarios del estado español, de las cuales el 90% aproximadamente ha tenido anteriormente problemas judiciales, y la mayoría tienen un nivel de formación relativamente bajo, juntamente con una gran inestabilidad laboral.

Según el Instituto Nacional de Organismos penitenciarios, respaldada por el Ministerio del Interior, el 55% de los sujetos que han estado alguna vez en prisión ha reincidido, de tal forma que se desvela la ineficacia de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1978:
‘’Las instituciones Penitenciarias reguladas en la presente ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción Social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.’’

Así pues, y tal como asegura Cesar Manzanos, gran parte de las personas que salen de prisión después de una estancia mínima de unos cuatro años, se evidencia el proceso de aprendizaje o pérdida de determinadas competencias, que ha tenido lugar durante el encarcelamiento.
Por un lado, la prisión no ofrece la posibilidad de aprender aquellos conocimientos reconocidos en una determinada cultura como requisitos básicos para acceder a un empleo, tales como hacer un Currículo Vitae.

Por otro lado, los centros penitenciarios tampoco ofrecen mecanismos básicos para acceder a los recursos sociales como conocimientos sobre el funcionamiento burocrático de las instituciones con las que van a tener que contar, información sobre los recursos existentes, acerca de la situación de la vivienda o como poder acceder a ella.

De este modo, la reincidencia vuelve a emerger al tratar el conflicto delictivo como reproche estatal castigador y ejemplarizante ante la conducta delictiva, en lugar de haberse trabajado sobre las autenticas causas de dicha conducta (Delincuencia y sus jueces; Mora, W., s.f.)
Cuando una persona ingresa en prisión, queda completamente institucionalizada perdiendo toda identidad humana una vez que entra en la formalidad del proceso y mediante unos roles prefijados que anulan su sensibilidad como forma de adaptación necesaria a un sistema que infringe sufrimiento y de esta forma el sujeto queda reducido al concepto de delincuente o víctima del delito. (Análisis de conducta aplicado en una prisión: el sistema de fases progresivas; Redondo, S., 1991)

A la salida de prisión, el individuo queda estigmatizado por la sociedad y las dificultades con las que se puede encontrar para su reincorporación a la sociedad son el rechazo social (44,7%), no tener un proyecto de vida definido (52%), problemas judiciales (57%), falta de formación ocupacional (53%), inestabilidad familiar (45%), problemas económicos (50%), entre otras. (Asamblea de familiares y amigos de los presos de Córdoba, 2003)
Llegados a este punto hemos de preguntarnos: ¿Cuáles son las condiciones positivas que pueden incidir para evitar el reingreso en prisión y de este modo hacer efectiva la posibilidad de reintegración social?

Según Manzanos, las necesidades mayoritarias para lograr la reinserción social son:

- Necesidad laboral
- Restablecimiento de lazos socio afectivos (alguien con quien compartir su vida(
- Recursos económicos
- Apoyo familiar
- Dejar la droga
- Cambio de entorno social y de círculo de amistades
- Alguien que le ayude a reconstruir su vida desde el punto de vista educativo, terapéutico y existencial.

No obstante la estructura y organización de los centros penitenciarios no favorecen estas condiciones sino que, más bien, dificulta la solución al conflicto inicial ya que evoca al sujeto al total aislamiento social.

Es necesario implementar programas educativos en prisión con un eje central básico: estos programas no deben desarrollarse fuera de prisión – que tan bien – sino que hay que utilizarse todos los recursos legales existentes para promocionar el régimen abierto o la libertad condicional, ya que “en un establecimiento penitenciario en el que se priva de libertad no se puede educar para la libertad (La intervención educativa en el medio penitenciario; Garrido Genoves, V., 1992)”.

En cuanto al desarrollo formativo de los presos, actualmente, en las cárceles y centros penitenciarios de la península, el e-learning está emergiendo con mucha fuerza, los diferentes convenios existentes han hecho posible que unos 900 internos estén actualmente matriculados en alguna de las carreras universitarias disponibles, esto sin contar los muchos otros que cursan otras materias y disciplinas como el bachillerato o el acceso a la universidad para mayores de 25 años. (Gabinete de Comunicación. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008)
Muchos de los internos no pudieron terminar o no empezaron sus estudios por los giros que da la vida, y ahora que no tienen libertad pero tienen tiempo aprovechan para invertir este capital tan valioso en su formación.

La herramienta es el e-learning que no es más que una manera de estudiar ayudándose de los medios digitales como el Internet, las presentaciones multimedia, los Cd’s, etc.
La conclusión es que al dándoles esta opción a los reclusos se les abren caminos para que al salir tengan otras alternativas a elegir, opciones distintas a la de reincidir. (Educación en el medio carcelario y prevención del delito; Román, A., 2005).

Para que esto sea posible es necesario que el sistema penitenciario brinde a los reclusos herramientas básicas tales como la educación, entendiendo por esta la construcción de un espacio que permita a los presos interaccionar y valorar críticamente y desde diversos puntos de vista la información que reciben contribuyendo a su propia formación como ciudadanos reflexivos y de valores críticos. (La cárcel y sus consecuencias; Valverde, J., 1997)

Teniendo en cuenta especialmente a las personas que no han tenido posibilidad de acceso a la escolarización tradicional debido a su condición de marginalidad socioeconómica, la escuela en contextos de encierro aparece como lugar de socialización por excelencia.

Sin embargo, la educación en establecimientos penitenciarios constituye un escenario altamente complejo de la educación de jóvenes y adultos, que obliga a resinificar el lugar de la escuela y a plantear nuevas preguntas.

“¿No habría que empezar por resocializar la sociedad?” (La intervención educativa en el medio penitenciario; Garrido Genoves, V., 1992)

Según datos estadísticos el 34% de la población carcelaria tiene el nivel primario incompleto o ningún nivel de instrucción, y aunque en todas las unidades penitenciarias se ofrece educación general básica, solo el 17% realiza sus estudios en la misma. En cuanto al nivel medio el 60% se encontraría en condiciones de cursarlo, pero solo el 20% de las unidades carcelarias tiene esta oferta educativa. (Educación de jóvenes y adultos en contextos de encierro; García, M., 2007).